Ley de Transparencia y Acceso a la Información: ¿un compendio de buenas intenciones?

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Este año está previsto que entre en vigor la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, cuyo anteproyecto, presentado recientemente, adolece de algunos elementos claves que sí recogen otras leyes internacionales. La norma de “vanguardia”, según la definió el ejecutivo de Rajoy, ha quedado en entredicho con el aluvión de críticas –muchas coincidentes- que han efectuado las organizaciones y ciudadanos que reclaman para España, desde hace años, un derecho de acceso a la información similar al que existe en otros países.

Con esta Ley cualquier ciudadano debería poder preguntar y recibir respuesta sobre aspectos de la gestión del dinero y los asuntos públicos en aras de una mejor transparencia y un mejor control de la gestión de los servicios públicos, que sirva de incentivo a nuestros gobernantes. Ese al menos es el objetivo. Y para ello se regula el modo, los plazos temporales de la respuesta, forma en la que se recibe, a quién se puede preguntar y qué, o qué no, podemos conocer. Para consultar nuestra opinión, la ciudadanía contó con un breve plazo de dos semanas – una de ellas Semana Santa- en el que plantear modificaciones al texto del anteproyecto. Se realizaron 3.600 aportaciones.

Nos preguntamos si se producirán cambios para algunos de esos elementos claves como el reconocimiento del derecho fundamental de acceso a la información en línea con la jurisprudencia internacional, la inclusión de un volumen importante de información que, con esta Ley queda fuera pese a estar en manos de entidades públicas, incluir a organismos como la Casa Real, o contar con un organismo, independiente, que vele por el derecho de acceso a la información con personal y presupuesto acordes.

También las excepciones a la información que establece el anteproyecto son demasiado generosas y excluyentes con el interés público. Por este motivo, desde organizaciones como Access Info Europe –una de las 55 ong que integran la Coalición Pro Acceso y que es miembro del Open Goverment Partnership– se pide al Gobierno un “compromiso al firmar el Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a documentos públicos, que implica adoptar una ley de acceso a la información con una amplia definición de información y con cada excepción sujeta a las pruebas de perjuicio y de interés público”.

Las críticas al anteproyecto son coincidentes. Se pide el reconocimiento del derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, que incluya a los órganos judiciales, o que no se pueda responder con el silencio administrativo, que no es otra cosa que no responder, según figura en el artículo 17 del borrador: “Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada”.

Distintos monitoreos, realizados desde 2006 en España, revelan que la media de silencio se sitúa entre el 50% y 60% lo cual delata una grave falta de transparencia y comunicación desde la administración hacia la sociedad, señalan desde la Coalición Pro Acceso. Además, España no superaba a Sri Lanka y Suráfrica en transparencia presupuestaria, según un informe internacional de 2010 publicado por Access Info Europe.

Buen Gobierno

Un capítulo aparte merecen los principios éticos y de actuación que se establecen para los altos cargos de las administraciones. Queda prohibido recibir regalos que superen la cortesía, aunque no se fijan estos límites de cortesía; no se podrán aceptar favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones; o no se podrá ejercer una actividad privada que pueda suponer un conflicto de intereses con el puesto público. Tampoco se podrá utilizar la prevalencia de la condición de alto cargo para obtener un beneficio indebido para sí o para otro. Y se establecen sanciones de inhabilitación de hasta 10 años para aquellos cargos públicos que oculten o falseen datos. Sin comentarios.

Acerca de Caterina Ferrero

Periodista en el mundo de la comunicación, especializada en el Tercer Sector y la información económica. Durante 15 años he trabajado en distintos medios de comunicación como Expansión, Cope, Europa Press, Efe o Diario 16, con distintas responsabilidades. Gestiono, junto a otros, este blog para difundir la información y noticias de interés social y ciudadano que en demasiadas ocasiones no tienen cabida en los medios tradicionales. Lucho por una sociedad más justa, más equitativa y más solidaria en la que todos y todas tengamos cabida, sin discriminaciones.
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