Y quién le pone el cascabel al lobby

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Más de 300 lobbies acuden regularmente al Congreso de los Diputados. Imagen de Culebra_XD en Flickr bajo licencia CC

Cómo regular el lobbismo es una pregunta para algunos compleja, sobre todo en un país donde la figura del lobby no está definida. Para formarnos una opinión más sólida habría que conocer primero cómo y dónde actúan, a quiénes pretenden influir y, muy importante, qué intereses defienden. Desde Librexpression.es hemos consultado al catedrático y miembro de la directiva de Transparencia Internacional Manuel Villoria, quien nos ha explicado que “hay pocos lobbies que defiendan intereses colectivos en España, al menos con las características y el dinero propios de un verdadero lobby”. Es decir, que la mayoría responde a intereses privados. También hemos preguntado al profesor y consultor político Rafa Rubio, que nos ha ofrecido su visión sobre la regulación.

Joan Navarro, consultor, afirmaba en una entrevista publicada en su blog corporativo que en torno a 300 o 400 lobbistas tienen presencia habitual en el Parlamento Español, aunque no está claro a quiénes representan ni qué intereses defienden. La cifra total de profesionales que contactan con nuestros políticos para influir en su toma de decisiones es obviamente mayor, pero desconocida.

Tampoco queda claro qué dinero destinan a ejercer influencia en las tomas de decisiones políticas. Entre los grupos de interés no sólo hay sectores privados, también hay numerosas ONGs, sin embargo no todos cuentan con el mismo dinero para poder presentar estudios para respaldar sus argumentaciones frente al legislador o movilizar a la opinión pública a través de campañas. Así lo exponía el que fuera eurodiputado español, David Hammerstein, recientemente, en el programa Salvados, del periodista Jordi Évole.

Registrar a los lobbies

La creación de un registro de lobbies es una de las principales propuestas para regular esta práctica aunque, se puede dar el caso de Bruselas, la segunda capital mundial del lobbismo tras Washington. Allí hay registrados 5.500 profesionales. Sin embargo, al no ser un registro obligatorio, se estima que el número real de los lobistas, registrados o no, es de tres a seis veces más según un informe parlamentario del año 2003.

En Bruselas, hay registrados 5.500 profesionales. Sin embargo, se estima que el número real de los lobbistas, registrados o no, es de tres a seis veces más.

Para el profesor Rafa Rubio la confección de un registro obligatorio y vinculado a la agenda del político sería lo ideal, pero es complejo. No obstante defiende que aun no siendo obligatorio “las ventajas del registro deben ser evidentes”. Hay grupos que ciertamente serán difíciles de encontrar en un registro. Rubio nos cita dos ejemplos claros al afirmar que “se puede observar la actuación de grupos como la Iglesia o el Ejército, denominados Poderes Fácticos”, que aunque no reúnen las características de los grupos de presión, en ocasiones actúan como tales.

La ruta de los lobbies en Bruselas. Foto de Corporate Europe Observatory en Flickr.

La ruta de los lobbies en Bruselas. Foto de Corporate Europe Observatory en Flickr.

Dónde actúan los lobbies

Los políticos que más presión soportan en este país son posiblemente los ministros. Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política y ex asesor de Moncloa, confirmaba a Librexpression.es que “las cúpulas de los partidos y las del grupo parlamentario son muy importantes estando en la oposición. Estando en el gobierno lo mejor es dirigirse directamente al ministro/a correspondiente. Es normal que los grupos de interés (en España no hay oficialmente lobbies) se dirijan a aquellas personas que más pueden influir.” Rafa Rubio nos matiza que en cada caso se intenta influir en representantes concretos, que en numerosas ocasiones forman parte de Comisiones donde se toman decisiones sobre las cuestiones claves para un grupo de presión en un momento determinado.

Cómo regular la práctica

No hay fórmula mágica, ni siquiera en el caso del sistema norteamericano “donde se promulgó una ley en 1946, cuya aplicación resultó imposible”, nos recuerda el profesor de Derecho Constitucional, Rafa Rubio. En cualquier caso, se requiere de voluntad de todas las partes implicadas. Junto a la creación del registro sostiene la necesidad de crear un órgano controlador de este registro y de los informes de actividad, que tenga incluso capacidad sancionadora. También, la publicidad absoluta del registro y de los informes. “Esta inscripción resultaría obligatoria para regular las comparecencias ante las Comisiones del congreso”.

Por otra parte, tomando el caso de Inglaterra, habría que normativizar la relación de los parlamentarios con los grupos. Por ejemplo, imponiendo la obligación de informar al Registro de las reuniones celebradas; delimitar el campo que abarcarían sus incompatibilidades estableciendo un plazo razonable en que se mantengan éstas e incluso abordar cuestiones difusas como pagos por conferencias, invitaciones a congresos o regalos.

El siguiente paso sería para el profesor establecer elementos que faciliten de verdad la participación política. Instrumentos que, entre otras cuestiones, “garanticen la atención a las opiniones de las minorías y los grupos que no gozan de suficientes recursos económicos para llevar a cabo una campaña de presión, con medidas que podrían llegar incluso hasta la financiación de estos grupos”.

La actividad de los grupos de interés en las tomas de decisiones políticas muestra el grado de madurez de un sistema democrático siempre que se garanticen unas reglas equitativas para todas las partes implicadas y procesos informativos abiertos y transparentes por parte de los gestores públicos. El catedrático Manuel Villoria nos explica que la actividad de grupos representando intereses ciudadanos sería positiva para una España tradicionalmente con un bajo nivel de cultura cívica. Eso sí, actualmente los ciudadanos no cuentan con los recursos equiparables a los que pueden disponer algunas empresas para ejercer presión adecuadamente.

Los Ayuntamientos: un caso perdido

Caso aparte es el de las corporaciones locales donde ejercer actividad de presión es prácticamente impensable para ciertos grupos, a tenor de la propia Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales, APRI. La organización lleva unos años urgiendo la regulación de su actividad y ha establecido la obligatoriedad de acogerse a un código de conducta profesional a sus asociados. Ellos alertan claramente en su página web que su organización no admite a lobbistas que actúen en corporaciones locales españolas, ya que en ellas “es fácil que se den otras actividades no tan justas”. Sin duda, una afirmación que requiere un post exclusivo.

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Acerca de Montse Botella

Mi primera escuela de periodismo fue la radio libre en Madrid. Durante seis años presenté magazines y radiofórmula simplemente por afición y porque quería contar a los oyentes historias reales, aunque algunas no tuvieran mucha cabida en medios convencionales. Una vez finalizados mis estudios, y tras pasar brevemente por la prensa escrita, inicié mi trayectoria profesional en los servicios informativos de Onda Cero Alicante. Posteriormente, orienté mi trabajo hacia la consultoría de comunicación para empresas y entidades del Tercer Sector... y en ello estoy desde hace una década. En la actualidad, en Grupo Comunicating. Me interesan, especialmente, los temas sociales.
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