Una sentencia golpea la transparencia del Consejo de la Unión Europea

La foto muestra las versiones censuradas y no censuradas del documento original solicitado por Access Info Europe. Foto cedida por Acces Info Europe.

La foto muestra las versiones censuradas y no censuradas del documento original solicitado por Access Info Europe. Foto cedida por Acces Info Europe.

Los ciudadanos europeos podrán conocer qué Estado Miembro ha efectuado una propuesta o presentado una enmienda en el Consejo de la Unión Europea gracias a la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia a favor de la ong Access Info Europe, que ha batallado para hacer efectivo ese derecho, en contra de la Comisión y el gobierno español, entre otros. Una vez más, algo tan elemental y democrático como es saber qué postura mantienen nuestros representantes públicos en temas que acaban afectando a nuestra vida cotidiana, ha tenido que ganarse en los tribunales. La sentencia pone en evidencia la Ley de Transparencia de España, en tramitación, que no permite el acceso a la información en la que se basan nuestros políticos para tomar decisiones. 

En la práctica esta sentencia significa que los ciudadanos a nivel nacional lo tendrán más fácil a la hora de querer saber cómo se gestan las decisiones en Bruselas, y hará más fácil a los parlamentos nacionales el escrutinio de los procesos legislativos de la Unión Europea, al saber qué posición adopta cada país durante las negociaciones. Sorprendentemente, tanto el Consejo de la UE como algunos gobiernos, entre ellos el ejecutivo que lidera Mariano Rajoy, querían mantener en secreto la identidad de los Estados Miembro en las propuestas de enmiendas legislativas durante los debates en el Consejo, para que no se pudiera saber quién se esconde detrás de las propuestas y enmiendas presentadas. El gobierno de España añadía como objetivo evitar posibles “presiones” de parte de la sociedad civil, según queda recogido en la sentencia.

El Tribunal Europeo de Justicia desestima los argumentos del Consejo -que buscaba legitimar la no publicación de información completa para “proteger la eficacia del proceso de toma de decisiones”-, dictaminando “que la mera circunstancia de que la solicitud de divulgación se presentara en una fase muy temprana del procedimiento legislativo no era suficiente para permitir la aplicación de esa excepción”. De este modo se hacen cumplir los tratados europeos, que exigen que el Parlamento Europeo y el Consejo garanticen “la publicidad de los documentos relativos a los procedimientos legislativos».

Access Info ya había ganado el caso ante el Tribunal General en marzo de 2011, que dictaminó que la ONG tenía derecho de acceso al documento solicitado en 2008. El Consejo de la Unión Europea recurrió la decisión y fue apoyada en el recurso por los gobiernos de España, Francia, Grecia, el Reino Unido y la República Checa. El Parlamento Europeo, que argumentaba a favor de una mayor transparencia del proceso legislativo, se unió al caso, dando un paso histórico al apoyar a Access Info y a la misión de aumentar el acceso público a documentos europeos.

Para Helen Darbishire, directora ejecutiva de Access Info Europe, “esto es una victoria significativa para la transparencia y la democracia participativa”, y hace una recomendación: «El gobierno Español debería integrar estos estándares de transparencia en todo el proceso legislativo, algo que no se contempla en la ley de transparencia, a punto de ser aprobada.”

La Ley de Transparencia y Buen Gobierno de España sobre la que ya escribimos en este post anterior tiene muchas carencias y problemas al excluir la información que acompaña a las leyes, que no es pública. Información e informes en base a los cuáles se dicen tomar decisiones de calado como la privatización de la sanidad, recortes educativos, recortes en prestaciones, la ausencia de caducidad en los yogures, etcétera.

Dicho de otro modo, “en la UE hay acceso a toda la documentación que acompaña a leyes – y suele ser información procedente de lobbys sean cuáles sean no lo digo en negativo- y en España, no, porque en el artículo 18 de la Ley de Transparencia se reservan no dar acceso a la información y comunicaciones internas, que es un cajón de sastre ideal para quien no quiere dar información”, explica Victoria Anderica, coordinadora de campañas y de proyectos en Access Info Europe.

En Europa no existen excepciones y toda la información elaborada o almacenada por instituciones europeas debe ser pública. “Por este motivo recomendamos que se pida a la Union Europea información relativa a España”, apunta Anderica que pone como ejemplo el portal España en llamas, sobre información de incendios. «Los datos relativos a siniestros en Galicia llegaron de la Unión Europea porque el gobierno español se negó a facilitarlos. Otra gran diferencia es que las instituciones europeas siempre contestan, sea lo que sea», dice Anderica.

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Acerca de Caterina Ferrero

Periodista en el mundo de la comunicación, especializada en el Tercer Sector y la información económica. Durante 15 años he trabajado en distintos medios de comunicación como Expansión, Cope, Europa Press, Efe o Diario 16, con distintas responsabilidades. Gestiono, junto a otros, este blog para difundir la información y noticias de interés social y ciudadano que en demasiadas ocasiones no tienen cabida en los medios tradicionales. Lucho por una sociedad más justa, más equitativa y más solidaria en la que todos y todas tengamos cabida, sin discriminaciones. Ver el perfil de Caterina Ferrero Herrero
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