La Ley Mordaza irrumpe en el derecho a informar con nuevas sanciones

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Dos informadores gráficos españoles han sido multados en aplicación de la denominada Ley Mordaza vigente en España desde julio de 2015, según la denuncia de Reporteros SIn Fronteras que considera que se “coarta el ejercicio del trabajo de periodistas y fotoperiodistas en la calle” y lleva a una “autocensura por temor a ser objeto de detenciones y/o sanciones”, asegura en un comunicado.

La organización reitera su enérgico rechazo a los efectos que la Ley de Seguridad Ciudadana tiene en el libre ejercicio de la profesión de los periodistas, y reporteros gráficos. En la práctica la aplicación se traduce en sanciones. Las últimas la del periodista de la revista vasca Argia, Axier López, multado con 601 euros por subir a su cuenta de Twitter una imagen de una actuación policial del 3 de marzo en Eibar (Guipúzcoa). Axier recogía el momento de la detención de la activista Naroa Ariznabarreta, tras no acudir a la vista judicial a la que estaba citada, por participar en un corte de autopista en protesta por la ilegalización de la organización Segi, en el año 2007. La Delegación del Gobierno en Guipúzcoa le envió una notificación de la sanción a Axier acusándole de subir  la fotografía a la red social “sin autorización” y argumentando que se puede “identificar a los agentes actuantes, con el riesgo que para los funcionarios puede derivar de su identificación pública”. La revista Argia ha comunicado su intención de no hacer frente a la sanción.

A esta multa se une la sentencia judicial que condena al fotorreportero Raúl Capín, colaborador de Diario Obrero y Diario Independiente Digital, a pagar 1.260 euros de multa por “obstaculizar la labor policial” y ofrecer “resistencia”, mientras cubría la “Marea Ciudadana”, el 23 de febrero de 2013. La fiscalía llegó a solicitar dos años de cárcel por un presunto delito de atentado a la autoridad pero la magistrada solo considera probada la obstaculización por agresión y la resistencia de Capín a la labor de un agente de paisano, que junto a otros compañeros sin uniformar, trataba de reducir a un grupo de manifestantes que arrojaba piedras. El corrillo de fotógrafos que se formó para capturar el momento terminó con empujones entre policías y reporteros.

Lo más grave es que a Raúl Capín no se le identificó, ni detuvo en el momento del altercado, sino que tres meses después, varios agentes de policía encapuchados se personaron en su domicilio, le detuvieron y retuvieron en comisaría 30 horas, hasta que fue puesto en libertad. El juicio, que iba a celebrarse el pasado 19 de enero, tuvo que ser aplazado por falta de claridad en las pruebas aportadas por la acusación y se celebró  el 23 de febrero. Capín, que confiaba en su absolución, recurrirá el fallo.

Para Malén Aznárez, presidenta de Reporteros Sin Fronteras España, “empezamos a ver las consecuencias prácticas de la aplicación de la Ley y reiteramos nuestro más profundo rechazo; un rechazo en el que coinciden los partidos políticos en la oposición, todas las asociaciones de periodistas de España y numerosas organizaciones políticas, profesionales y de derechos humanos internacionales”.

La norma ha sido denunciada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por varios medios y juristas españoles, que destacan todas las cortapisas impuestas por la ley al libre ejercicio de la información, especialmente las relacionadas con la prohibición de tomar y/o difundir fotografías de acciones policiales y las faltas de respeto y resistencia a la autoridad. La semana pasada el Congreso aprobó una proposición no de ley solicitando la derogación de la Ley Mordaza, con el único voto en contra del Partido Popular.

Desde julio de 2005 la Ley Mordaza ha amparado cerca de 40.000 denuncias, 6.000 de ellas relacionadas con “faltas de respeto a la autoridad”. Esta cifra supone una media de casi 30 denuncias diarias, solo superadas por el consumo y tenencia de drogas. Las sanciones pueden ir de los 100 hasta 600.000 euros, dependiendo de la gravedad, por acciones tan diversas como tratar de bloquear un desahucio, fotografiar un coche de las fuerzas del orden o quejarse de la actuación de la policía local en una red social. Es una evidente voluntad por limitar el auge de protestas, manifestaciones y movimientos cívicos. Un retroceso en toda regla de nuestros derechos que los humoristas gráficos reflejaban perfectamente en este artículo del Blog Strambotic de Público.

Fotografía: www.ILoveClicks.es

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Acerca de Caterina Ferrero

Periodista en el mundo de la comunicación, especializada en el Tercer Sector y la información económica. Durante 15 años he trabajado en distintos medios de comunicación como Expansión, Cope, Europa Press, Efe o Diario 16, con distintas responsabilidades. Gestiono, junto a otros, este blog para difundir la información y noticias de interés social y ciudadano que en demasiadas ocasiones no tienen cabida en los medios tradicionales. Lucho por una sociedad más justa, más equitativa y más solidaria en la que todos y todas tengamos cabida, sin discriminaciones. Ver el perfil de Caterina Ferrero Herrero
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